TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La difusión en medios nacionales de una presunta “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, generó polémica al señalar supuestos pagos a corporaciones de seguridad, entre ellas integrantes del Grupo Pakal, una unidad de élite de la policía de Chiapas.
De acuerdo con las publicaciones, en los documentos aparecerían referencias a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, corporación que se encuentra bajo el mando de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien anteriormente se desempeñó como Comisionado Estatal de Seguridad en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral Jurado entre diciembre de 2016 y mayo de 2020.
Tras darse a conocer la información, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas iniciar una investigación exhaustiva para determinar si los señalamientos tienen sustento.
El mandatario estatal afirmó que, en caso de confirmarse irregularidades, “se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, además de señalar que no se permitirá que se manche a las instituciones de seguridad de la entidad.
Por su parte, Aparicio Avendaño emitió un posicionamiento en redes sociales en el que aseguró que la dependencia a su cargo está abierta a cualquier revisión y que se investigue a fondo cualquier señalamiento. “No tenemos nada que ocultar”, expresó el funcionario.
Los señalamientos surgieron luego de que el diario El Universal difundiera un listado de supuestos pagos que el grupo criminal realizaba para sus operaciones en Chiapas, los cuales superarían los dos millones de pesos.
En ese documento aparecen referencias como “Estatal Pakales” con 100 mil pesos, además de menciones a corporaciones municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, así como a presuntos grupos armados que operan en municipios indígenas.
El caso también reavivó cuestionamientos sobre el historial del Grupo Pakal, que de acuerdo con diversas organizaciones civiles ha sido señalado por detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza en la zona fronteriza de Chiapas.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra una controversia ocurrida en diciembre de 2025, cuando autoridades estatales reconocieron una omisión relacionada con declaraciones sobre la muerte de un estudiante normalista, así como acusaciones en 2024 de que elementos del grupo habrían cruzado la frontera con Guatemala durante un operativo.
